Algunas Reflexiones en la perspectiva de la COP4
Buenos Aires, 10-11 de Septiembre de 1998.

Por: Eduardo Sanhueza

Hoy en día, el proceso de calentamiento acelerado del planeta y sus consecuencias sobre su sistema climático se yergue como el tema principal tanto en su agenda científica, como en su agenda política. 

Entender el significado que tendrá para los ecosistemas sobre la Tierra la acomodación de la energía extra capturada como consecuencia del aumento de la concentración de los así llamados gases de efectos invernaderos en la atmósfera, sólo nos ha enfrentado hasta la fecha a la vasta complejidad del sistema climático planetario y al reconocimiento que se requiere de un esfuerzo científico enorme, articulado y de rápida implementación, si hay alguna intensión seria de lograrlo en tiempos apropiados para que esta información sea de utilidad.

Hoy por hoy, mientras más conocemos de los delicados equilibrios e interdependencias existentes entre los componentes del sistema climático, es también más evidente la magnitud de lo que se requiere conocer para poder lograr una aproximación confiable de su comportamiento ante este forzamiento radiativo de origen antrópico.

Es indudable que esta situación plantea un gran desafío al sistemas científicos mundial, que hace hoy crecientes esfuerzos para coordinar acciones ante un tema que, en la mayoría de los casos, rompe con la compartimentos estancos usuales de la ciencia, requiriendo enfoques interdisciplinarios amplios que comprenden desde las ciencias naturales a las sociales.

Lo único que está absolutamente claro hoy día, es que aunque lo que se ha avanzado en la compresión del sistema climático de nuestro planeta es significativo, sólo nos encontramos en el umbral del conocimiento sobre este tema.

Desde un punto de vista político, la comunidad internacional esta comprometida en un proceso de complejas negociaciones para hacer frente a lo que es, posiblemente, la mayor amenaza ambiental conocida hasta hoy: Una perturbación significativa en el sistema climático del planeta, de origen antrópico.

Las proyecciones de esta perturbación permiten visualizar un escenario futuro que tiene expresiones muy diversas, pero igualmente catastróficas, en todos los planos de la existencia de la especie humana.

La única forma posible de salir al paso a este problema es cambiando drásticamente, y a la brevedad, algunas prácticas que han caracterizado el modelo de desarrollo que impera mayoritariamente en el mundo.

Las transformaciones requeridas son variadas, pero las fundamentales tienen que ver con: el tipo de recurso energético en que fundamentalmente se basa hoy la economía mundial, y la forma en que se manejan los recursos forestales del planeta. Emprender cualquiera de estas transformaciones no es una tarea simple. Particularmente lo son las que se requieren realizar en el sector energético.

Tanto el diseño como la concepción de bienestar en el mundo moderno ha quedado indisolublemente ligado a la disposición de energía. Y lo que es un problema mayor - más allá del inmenso peligro de que por sí entraña esta concepción dominante que iguala bienestar a consumo energético - es el hecho que las fuentes de energía de uso predominante en el planeta son de origen fósil. Baste citar que actualmente la riqueza generada por la actividad económica mundial se estima que descansa en un 90% en la utilización de este tipo de combustibles.

Más grave aún, porque la estimación que la comunidad científica hace para volver la composición de la atmósfera a su situación original, por ejemplo respecto al dióxido de carbono - esto es a la que existía para este gas en la época preindustrial - es que las emisiones de él debieran reducirse entre un 60 a un 70% respecto a su valor actual.

De esta manera el problema central de la Convención de Cambios Climáticos tiene que ver con las formas más expeditas y rápida de desacoplar la economía mundial de su dependencia de los energéticos de origen fósil. En otras palabras, como transitar lo más pronto posible a un escenario energético que optimice el uso de las fuentes fósiles, cuando no hayan alternativas de reemplazo, pero dominado por las fuentes llamadas "renovables": hídrica, solar, eólica, geotermal, etc.

Y este desafío no es en absoluto fácil. Porque, entre otras cosas, serán afectados grandes y poderosos intereses económicos ligados a la explotación de los recursos de origen fósil; pueden afectarse los niveles de competitividad económica actual entre las naciones; las "señales de mercado" necesarias de implementar a niveles locales pueden significar costos políticos para sus propulsores; en fin, porque la implementación de un recambio tecnológico como el requerido tendrá siempre un precio económico y político inicial alto.

Pero, postergar la implementación de ella significará la necesidad de reducciones futuras mayores que crecerán en relación directa a la tardanza.

Los países industrializados bien saben que enfrentados a un escenario climático progresivamente más adverso, la solidez de sus economías les permitirá solventar las transformaciones adaptativas sin grandes trastornos políticos y sociales. Desde este punto de vista, su sentido de urgencia de la resolución del problema es menor que el de un país en desarrollo.

Por otra parte, sus sectores políticos más lúcidos también conocen que las economías que se adapten antes a estos nuevos parámetros ambientales poseerá una ventaja comparativa, que al final del día les significará una situación de liderazgo en el concierto económico mundial. Y ellos también están conscientes de que poseen la capacidad científica, tecnológica y económica para lograrlo.

Su gran problema entonces es como regular, a la luz de estos conocimientos, la velocidad de sus procesos adaptativos, de manera de minimizar los costos tanto económicos como políticos asociados a la primera etapa de las grandes transformaciones requeridas.

De esta manera, cuando los países industrializados presionan a los países en desarrollo por una participación más activa en las tareas de reducción de gases de efecto invernadero, no están intentando restarse de la tarea, pero sí desean lograr mayores espacios de tiempo para la implementación de sus propios planes adaptativos.

De la misma forma, cuando presenciamos las acaloradas discusiones que mantienen los países industrializados entre sí para acordar metas de reducción y política y medidas para implementar los acuerdos de la Convención, a lo que estamos asistiendo, en esencia, es al establecimiento de las reglas del juego de una competencia adaptativa, de carácter regulado, a las nuevas circunstancias que impone el proceso de calentamiento global acelerado.

En resumen, aunque con dificultades, un proceso de grandes y trascendentales transformaciones del sector energético mundial está en progreso. Puede que no esté ocurriendo con la premura que aconseja el conocimiento científico sobre el tema, y consecuentemente algunos serán afectados negativamente en favor de los intereses de otros. Pero, que el escenario energético de las próximas décadas será muy diferente al actual, es un hecho más allá de toda duda. Y esto impone un gran desafío al mundo en desarrollo, que aún no ha abordado.

Actualmente las emisiones de dióxido de carbono tienen su origen fundamental en la actividad económica de los Países Industrializados. Cerca del 80% de ellas tiene esa procedencia. En estas circunstancias, cuando los países en desarrollo fueron invitados a sumarse a la tarea de hacer frente a la amenaza ambiental de cambio climáticos, ellos exigieron que el liderazgo en la implementación de las acciones requeridas debía ser demostrado por los países industrializados.

Además, si bien los países en desarrollo se mostraron dispuesto a contribuir a completar la información requerida para precisar la magnitud del problema y el de sus efectos, para educar a su población sobre esta nueva amenaza ambiental, para planificar su desarrollo teniendo esta nueva variable en consideración, etc., dejaron también muy claramente establecido que sus circunstancias económicas hacían que sus prioridades fueran resolver los problemas de pobreza de sus naciones y, por ende, la implementación de estos compromisos dependerían de los recursos financieros y/o técnicos que los países industrializados les otorgaran para ello.

En el escenario de emisiones actuales, estos planteamientos del mundo en desarrollo parecen justos e incluso moderados. Sin embargo, el escenario de emisiones de dióxido de carbono no es estático. La tremenda amplificación de las emisiones asociadas a un lento proceso de tecnificación del mundo en desarrollo, resultante de la explosiva expansión demográfica que está ocurriendo en estas naciones, hace prever un drástico cambio de situación. De forma tal que, de no mediar acciones correctivas en el comportamiento energético del mundo en desarrollo, podría suceder que la relación de emisión actuales entre países industrializados y en desarrollo, se invirtiera para antes de la primera mitad del próximo siglo.

De esta manera se configura una situación que agrega nuevas dificultades a las negociaciones de la Convención. Los países industrializados tienen que sumar a sus consideraciones económicas los recursos que deben transferir al mundo en desarrollo, desde hoy, si no desean que sus esfuerzos de reducción de emisiones sean anulados por las emisiones generadas en dichos países.

Como ya se ha señalado, los países en desarrollo han exigido una demostración de liderazgo por parte de los países industrializados en las tareas de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero del mundo. Como consecuencia, hasta hoy, ninguno de sus compromisos en el marco de la Convención les impone restricciones a sus patrones de emisión, y son enfáticos en requerir del mundo industrializado una clara demostración práctica de su seriedad en las tareas requeridas para mitigar el problema, antes siquiera iniciar una discusión de cómo sumarse a la tarea.

Esta situación, que es valorizada como un logro por los países en desarrollo en este proceso de negociación, encierra sin embargo el peligro potencial de la pasividad ante este desafío ambiental, de lo cual hay claras manifestaciones en la actualidad. Y una actitud de esta naturaleza puede ser el peor error que se puede cometer.

Toda la información científica indica que los más graves efectos de un proceso de cambios climáticos acelerado se manifestarán en los países con economías más débiles, o en otras palabras sobre el mundo en desarrollo. Siendo así, el dejar el establecimiento del ritmo de la implementación de la Convención exclusivamente en manos del mundo industrializado, que como hemos señalado no tiene el mismo sentido de urgencia en la solución del problema, es, a lo menos, una actitud que puede caracterizarse de irresponsable.

Sólo una actitud proactiva sobre el tema permitirá a los países en desarrollo poseer los conocimientos necesarios para exigir los recursos económicos y tecnológicos requeridos, tanto para el cumplimiento de sus compromisos ante la Convención, como para dar respuesta a sus necesidades adaptativas a las nuevas circunstancias climática, en acuerdo a sus propios tiempos, prioridades e intereses estratégicos.

Y para que esto sea posible los países en desarrollo deben cumplir a lo menos con dos tareas. Primero, lograr un acabado entendimiento del problema y sus implicancias, tanto en términos generales como a nivel de país, no sólo por parte de sus científicos, sino que, y principalmente, por sus autoridades gubernamentales. Segundo, realizar una planificación del desarrollo nacional tomando en consideración esa información.

Pero hay al menos otra razón, tanto o más importante que la señalada anteriormente, para que una actitud pasiva del mundo en desarrollo ante el tema pueda ser evaluada como errónea. No puede asistirse a modo de espectador a un proceso de transformaciones tecnológicas de las proporciones que están involucradas en la resolución de este problema, sin esperar que la brecha tecnológica Norte-Sur aumente considerablemente, y de la misma manera lo hagan sus consecuente y negativas repercusiones sobre la independencia de la economía de los países en desarrollo.

Nuevamente, sólo un acabado entendimiento de lo que realmente se esta negociando, y de sus razones, permitirá una participación activa en el diseño del escenario energético del futuro en una forma que permita atenuar los efectos de este distanciamiento tecnológico, y, además, hacer uso creativo de las oportunidades que puedan aparecer durante este proceso de transformación tecnológica.

El testimonio más claro de todo lo anteriormente expuesto queda expresado por lo acaecido en Diciembre último en Kioto.

Después de casi tres años de arduas negociaciones, resultantes de la constatación que los acuerdos contemplados en el texto de la Convención Marco de Cambios Climáticos eran insuficientes para dar adecuada respuesta a la envergadura de esta amenaza ambiental, tanto por la magnitud de los objetivos de reducción cuantitativa contemplados, como por la falta de obligatoriedad de su cumplimiento, hoy se propone un acuerdo legalmente vinculante para nuevas cifras y en un nuevo marco de tiempo. El así denominado Protocolo de Kioto.

En esencia, en este nuevo texto legal, los países industrializados han acordado en un conjunto de cifras de reducción o limitación de sus emisiones de gases de efecto invernadero, que responden a los esfuerzos diferenciados que entienden deben realizar para avanzar en la dirección correcta sin perturbar el "orden económico mundial" y la competitividad de sus economías, y han establecido un marco de tiempo, un ritmo para este proceso, acorde a la protección de esos intereses.

Adicionalmente, han dejado establecido que esas cifras y esos tiempos están íntimamente relacionados a la existencia en el Protocolo de los así denominados mecanismos de flexibilización para el cumplimiento de sus obligaciones: El Mecanismo de Comercialización de Emisiones, las Implementaciones Conjuntas, el Mecanismo de Desarrollo Limpio y las "Burbujas". Es la existencia de estos mecanismos los que les permiten, por una parte, tener la seguridad de que cuentan con las herramientas necesarias para regular los impacto que el cumplimiento de las metas de reducción en que se han comprometido pudiera representar sobre la competitividad de sus economías, y por otra, inducir los recambios tecnológicos que desde hoy debe realizar el mundo en desarrollo para que la tarea en que ellos están comprometidos hoy no se vea anulada en un futuro.

Es entendible entonces que uno no pueda mostrarse satisfecho con el resultado de la COP3. Ni las metas ni los tiempos se compadecen con la información científica sobre el tema, y los mecanismos de flexibilización pueden abrir espacios para usos abusivos y algunos países industrializados pueden intentar realizar la totalidad de la tarea fuera de casa. Pero, como hemos ya dicho, las negociaciones de la Convención Marco de Cambios Climáticos orientan su curso en la dirección que indica la ciencia, pero ajustan su velocidad y modalidad siguiendo señales políticas - económicas. Mirado así, al reiterar la dirección de movimiento correcta y al establecer metas de reducción que, aunque pobres, se entienden ahora vinculantes, no se puede más que reconocer en ese acuerdo un aporte. Un escenario futuro para la implementación de la Convención con estas condiciones es claramente un avance respecto al que ofrecía el texto original de ella.

Sin embargo este Protocolo acordado en Kioto contiene un sinnúmero de imprecisiones de lenguaje, vacíos y tareas a realizar, sólo explicables por lo intrincado de las negociaciones de último minuto y el deseo de completar una labor en una fecha acordada. El problema es que resolver estas situaciones deficitarias abre espacios, si así se desea, para nuevas e intrincadas negociaciones que pueden dilatarse infinitamente en el tiempo dificultando seriamente el progreso de la Convención.

Lo peor, muchas de estas situaciones se encuentran en los artículos que se refieren a los mecanismos de flexibilización, y sería ingenuo el pensar que este Protocolo vaya a ser alguna vez ratificado sin antes haberse clarificado y establecido con meridiana claridad las reglas de funcionamiento y alcance de ellos.

Por lo mismo, toda maniobra dilatoria para completar esta tarea aún pendiente, como la que últimamente han insinuado algunos países en desarrollo en el contexto de negociación de la Convención, con la lógica de mejorar sus propias posiciones de negociación futura, debe tener presente que arriesga el retraso del comienzo de la implementación de la tibia señal a los mercados energéticos acordada en Kioto y, consecuentemente, puede resultar en altos costos adaptativos futuros para todo el mundo en desarrollo.

 En el escenario que hemos descrito, no es difícil imaginar cuales serán los temas que dominarán la agenda de la COP4.

En particular el Mecanismo de Desarrollo Limpio puede ser una herramienta eficaz para que los países en desarrollo puedan sumarse desde ya a las tareas de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y, simultáneamente, conseguir los recursos para participar en el proceso de transformación tecnológica requerido por el mundo para ajustarse a este nuevo límite ecológico, y/o para otros propósitos funcionales a sus planes de desarrollo sustentables, como puede ser la protección de los hábitats de su biodiversidad biológica.

No sólo eso; también no se puede menos que coincidir con todas aquellas naciones en desarrollo que desean dejar abierta la posibilidad para estudiar las oportunidades, que en el mismo sentido anteriormente señalado, pudieran ofrecerles los otros mecanismos de flexibilización del Protocolo de Kioto, por medio de la adopción voluntaria de límites a sus emisiones de gases de efecto invernadero. Es perfectamente posible que para algunos países esto sea un camino útil que soberanamente desearían explorar. No veo motivo para cerrarse a esta posibilidad como una materia de principios. Menos en una Convención en que domina el pragmatismo económico a que hemos estado haciendo referencia a lo largo de este texto.
Por lo demás, si de principios se trata, lo que nunca podría defenderse es cualquier intento de impedir que alguna de las Partes haga por los objetivos de la Convención, como resultado de una decisión adoptada voluntaria y soberanamente, más de lo mínimo estipulado en dicho Convenio.
Por ello es que es necesario reconocer públicamente el valor de la posición de la Cancillería Argentina que ha colocado el tema en la Agenda de la próxima COP, pese a la fuerte oposición y presiones de algunos de sus colegas del G77 y China.